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En Ecuador, las ciudades amazónicas están sintiendo los efectos de la demanda de llamas de gas por parte de la industria petrolera, lo que genera preocupaciones tanto de salud como ambientales. Amnistía Internacional (AI) y activistas locales advirtieron que el Estado no había logrado deshacerse de cientos de antorchas desechadas, que fue un tema importante de la Asamblea.
En julio de 2021, un tribunal de la provincia amazónica de Sucumbíos falló a favor de un grupo de niños amazónicos que exigían medidas de protección para detener el funcionamiento de máquinas que afectaban negativamente la salud y el medio ambiente. El fallo enfatizó la importancia de respetar los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución de Ecuador desde 2008 y ordenó la eliminación gradual de estas prácticas para 2030, así como la implementación de acciones reparadoras inmediatas.
Sin embargo, según AI, la industria petrolera ecuatoriana pretendió cumplir con estas disposiciones legales sin lograr mejoras significativas para las comunidades locales y el ecosistema amazónico. A pesar de las garantías del ex Ministro de Energía de que parte de la maquinaria había sido retirada y desmantelada, los informes indican que algunas de las bengalas retiradas fueron reemplazadas por otras que funcionaban a nivel del suelo, lo que sigue contribuyendo a la contaminación.
La investigadora de AI, Alicia Moncada, condenó la operación fraudulenta y criticó al Estado por incumplir las obligaciones internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La quema de gas en maquinaria petrolera no sólo contamina el medio ambiente local, sino que también contribuye al calentamiento global, lo que va en contra de los esfuerzos globales para combatir el cambio climático.
Amnistía Internacional, a través de su directora para las Américas, Ana Piquer, ha instado al Estado ecuatoriano a poner fin a la quema rutinaria de gas en máquinas petroleras, que amenaza la Amazonía, el planeta y el futuro de las generaciones futuras. Activistas climáticos locales como Jamilet Jurado han compartido testimonios impactantes sobre la contaminación y su impacto en la salud de las comunidades cercanas a las plataformas petroleras.
En este escenario, se necesitan acciones urgentes para abordar el impacto negativo de la industria petrolera en las ciudades amazónicas de Ecuador. La protección del medio ambiente, la salud de las comunidades locales y el cumplimiento de las leyes de la naturaleza deben ser las prioridades del Estado y de las empresas involucradas en este problema.
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