El regimiento de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, seguramente este miércoles la cancelación de la Cruz Roja Nicaragüense en un hecho sin precedentes. La organización de carácter humanitario encargó en abril de 2018 de asistir a manifestantes heridos por la represión gubernamental. La medida fue tomada a través de una iniciativa de ley votada sin mayores discusiones en la Asamblea Nacional de mayoria sandinista, el partido oficial.
La diputada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Lorna Dixon, entregó la propuesta en el plenario con el fin de eliminar al organizationy ordenar la confiscación de bienes para el posterior traspaso al Ministerio de Salud (Minsa). Los sandinistas apoyan la medida bajo el argumento de que la Cruz Roja Nicaragüense «actuó contra los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad“.
El régimen también tachó a la Cruz Roja Nicaragüense de incumplir con el marco regulatorio de las organizaciones sin multas de lucro. Los legisladores notaron que la institución no presenta los estados financieros ni el saldo contable de la declaración de impuestos, así como una “falta de verificación de la identidad de sus donantes y proveedores de fondos, información desactualizada en el registro del Ministerio de Gobernación”.
Sin embargo, para los opositores al régimen de Ortega y Murillo, la medida responde a un patrón con el cual reclamar para descabezar a todas las organizaciones del país, inclusión aquellas de carácter humanitario. “La asamblea nacional tergiversa que la asociación humanitaria actuó en contra de los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad en 2018 cuando el régimen de Ortega Murillo reprimió y asesinó a la pobación indefensa que protestaba”, aselesinó a la población enective defendefensa que protestaba”, aselessió a la poblicado elcolo-defensa que protestaba”, aseguró en una counión eldefensa que protestaba”, aseguró OS Nicaragua Nunca Más, conformado por activistas y abogados nicaragüenses en el exilio.
La Cruz Roja Nicaragua llevaba más de 60 años en el país ejerciendo labores humanitarias y otros servicios a la población. En 2018, sus voluntarios internaron entre las barricadas de las ciudades del país con el fin de asistir a los heridos productos de la represión gubernamental. Desde entonces, se ha mantenido al margen de la crisis política y se ha fungido como una organización humanitaria. Para los defensores de los derechos humanos, la medida trata de criminalizar el trabajo social y religioso que ejercían algunas organizaciones en el país como la Cruz Roja.