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Las pequeñas y medianas empresas, representadas por la patronal Cepyme, alzaron su voz contra la «intervención» y la «sobrerregulación» del gobierno. Durante la Asamblea General, varios empresarios leyeron el manifiesto «por la libertad de empresa», en el que expresaron su compromiso y preocupación por las políticas que afectan a las relaciones comerciales. En este acto del Congreso de Representantes del Gobierno participó José Luis Escrivá, aunque también participaron el alcalde de Dardos y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El proyecto de ley fue rechazado por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. En su discurso, Cuerva denunció que las medidas del Gobierno constituyen un ataque injusto y perjudicial a los derechos de las empresas y del país, citando el artículo 38 de la Constitución española, que garantiza la libertad de establecimiento de las empresas.
El manifiesto de las pymes españolas por la libertad de emprender destaca las líneas rojas que el Gobierno no debe traspasar, para no interferir en el buen funcionamiento de las empresas, evitando coacciones y obstáculos a su desarrollo. En definitiva, defienden la libertad empresarial, oponiéndose al intervencionismo y a la estigmatización de los emprendedores. Cepyme desafía a las empresas a concretar sus beneficios en un entorno regulatorio más justo.
Al leer el manifiesto, los pequeños empresarios españoles defendieron la «dignidad y libertad de empresa». Según Cuerva, «la situación ha sido comunicada oficialmente al gobierno».
La sobrecarga legislativa y la interferencia en cuestiones como salarios e impuestos han impactado el buen funcionamiento de las empresas. “Exigimos que se rectifique esta situación”, dijo Cuerva.
Dignidad corporativa, costos y control político
Los empleadores trabajan estrechamente con los sindicatos en importantes reformas y negociaciones colectivas. Acusan al gobierno de intentar alterar el equilibrio interno de los acuerdos sociales, citando informes sobre los horarios de trabajo y la injusticia en el trabajo.
Critican que en los últimos años el diálogo social se haya utilizado con fines políticos, en lugar de buscar el bien común. Las tensiones actuales en la mesa del diálogo social coinciden con la implementación de reformas. “Pedimos protección gubernamental en la organización interna de las empresas”, exigen. Cepyme se ha negado a presentar una propuesta alternativa y ahora presenta este manifiesto, buscando proteger el diálogo social y la negociación colectiva y exigiendo una mayor rendición de cuentas al gobierno.
«Pedimos protección gubernamental en la organización interna de las empresas».
Los empresarios creen que el gobierno les impone una política de aumento de costos, gastos burocráticos, fiscales y sociales. Además, afirman que los jóvenes son víctimas de la estigmatización del emprendimiento, basado en la búsqueda de ganancias y éxito. Demuestran el papel de las empresas en la sociedad y la economía.
Se pidió a Díaz que analizara adecuadamente la productividad, los costos laborales y las vulnerabilidades de los sectores más afectados por la reforma del mercado laboral. «Hay una intromisión política en la realidad del tejido productivo español», critican. «Pedimos a las personas interesadas que no implementen decisiones que afecten directamente la productividad y el funcionamiento de muchas empresas».
Control, sobrerregulación y rigidez
Condenan al gobierno por implementar «medidas de control, vigilancia y sanciones» que reflejan la falta de confianza de las empresas en el cumplimiento. Ven la expansión del intervencionismo a través de normas, registros y planes de eficiencia energética que aumentan la carga burocrática.
«Exigimos que se limite la influencia del gobierno en el funcionamiento y la organización interna de las empresas y que se garantice su flexibilidad. Imponer modelos europeos de flexibilidad sin adaptarlos en consecuencia será un error costoso para todos los ciudadanos españoles», afirman.
Este punto tiene en cuenta varios aspectos relacionados con la flexibilidad, como el aumento de los costes laborales, la ampliación de los motivos de despido y la interferencia con los salarios, incluido el salario mínimo y la reducción de los costes laborales en los últimos años. “La interferencia gubernamental en el funcionamiento interno de las empresas viola los derechos de propiedad, la toma de decisiones y la capacidad de responder a un entorno en constante cambio”, concluyen.
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