La ofensiva de Carles Puigdemont para oficializar también el catalán como lengua utilizable con normalidad en las instituciones de la UE sufrió ayer una tentativa fallida. La propuesta que había llevado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como cesión a las exigencias de Junts se topó con un aplazamiento a futuro. Es decir, quedó en un mero intento que Puigdemont agradeció al Gobierno aunque bajo la advertencia de que «no es suficiente».
Lo relevante no es ya que el Gobierno interprete como un éxito que no haya ningún país vetando aún una iniciativa de la que en parte depende la investidura de Pedro Sánchez; lo grave es que de aceptarse en Europa la condición de Junts –algo extraordinariamente difícil dado el gran número de lenguas cooficiales en muchos países de la UE y el efecto contagio que el catalán generaría–, el español perdería toda opción en el futuro de considerarse como «lengua de trabajo» en la Unión. Las tres lenguas de trabajo son el inglés, el francés y el alemán. El español está cerca y así llevamos años reclamándolo, pero de aceptarse el catalán, nuestra lengua oficial perdería toda opción.
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