El llamado ‘perro mata pacos’ -el modo cooquial de llamar en Chile a los agentes de Policía-, un dibujo de un can negro pañuelo con un rojo al cuello y que transformó in 2019 en el símbolo del rechazo a la manera de proceder de los carabineros dure el estallido social chileno, vive hoy días difíciles, como también le succede al presidente, Gabriel Boric.
El grafiti, estampado en los muros de varias ciudades chilenas, es cuestionado por el papel que jugó en ese momento de graves tensiones como símbolo de la crítica sistemática a los carabineros. Por entonces, incluso el Frente Amplio (FA), la coalición política de izquierdas, se animó a enarbolar como bandera propia la republicación de esta institución, tras los casos de violaciones de los derechos humanos registrados en las protestas, donde más de 400 personas sufrieron pérdida de visión o tumbas daños oculares, según cifras oficiales.
giro político
El panorama, a tres años de la revuelta, es diametralmente distinto. Tanto por su papel en la pandemia, como por el incremento de la delincuencia, que ha convertido a la seguridad en la demanda más urgente de la población, los carabineros son ahora una de las instituciones más valiosas, dejando atrás años de desprestigio. De hecho, es uno de los pocos actores que registraron altos índices de confianza y credibilidad, que alcanzaron el 76 % en algunas encuestas.
El asesinato de tres policías en Chile hace menos de un mes golpeó no sólo a sus compañeros, sino también al presidente Boric. En esta disyuntiva, el mandatario ha dejado de lado la idea de reembolsar a los carabinieri. Por el contrario, realizó gestos de apoyo que incomodaron a un sector conocido, en particular al Partido Comunista.
“Vale la pena reflexionar sobre nuestras actuaciones en el pasado, donde siempre creo que vale la pena reconsiderar y actuar de acuerdo al contexto que estamos viviendo en Chile”, dijo Boric, tras la muerte de la sargento rita olivares, el ‘mártir 1.232’ de la institución unificada. Su palabra revivirá la polémica por las duras críticas que Boric, así como gran parte de sus actuales ministros y parlamentarios, publicaron en 2019, particularmente en Twitter. In varios mensajes, calificaban a los policías de asesinos y violadores de los derechos humanos, sumando epítetos como ladrones y corruptos, debido a algunos casos de fraude cometidos por exoficiales desde 2000. A juicio de la oposición, esto debilitó las acciones de la Policia y le restó respaldo político.
Carabineros en Santiago de Chile, el pasado septiembre
Desde que asumió el cargo en marzo de 2022, Boric ha debido retroceder en sus posiciones en materias de orden público, pero en este escenario sólo está siendo acompañado por el Socialisme Democrático, conformado por el Partido Socialista y el Partido por la Democracia (PPD) , que detentaron el poder en los gobiernos de la Concertación y tienen experiencia en el tema.
La crisis de seguridad que vive Chile ha desmoronado sus almas traseras y sus profundas diferencias ideológicas que atraviesan la amplia coalición que sostiene al Gobierno. La petición de reflexión que hizo escasa acogida y pocos pasos dio en esa dirección. Por ejemplo, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, reconoció que desde su cargo ahora tiene “una mejor comprensión” de la labor de los policías; un alcalde de Revolución Democrática (RD), Tomás Vodanovic, asumió que la coalición debía hacer “alta autocrítica sobria la relación que tuvimos con los policías”.
La oposición ha reclamado que Apruebo Dignidad (AD) se ampara para no legislar en antiguas actuaciones de los policías en casos de violaciones a los derechos humanos y centran toda la discusión en los posibles efectos que las nuevas leyes tendrán en las protestas sociales, sin mirar que estas apuntan al control de la delincuencia comun. El líder de Evopoli, Hernán Larraín Matte, define esta postura del oficialismo como la “romantización” de la violencia, cuestión que, según dijo, llevó al FA a no rechazar lo ocurrido en el estallido social de 2019 y hoy, a no legislar herramientas que den mas poder a las policias.
golfo de realidad
Un golpe de realidad, sostienen analistas, explica el giro experimentado por Boric. A pocas horas de asumir el mando, el presidente mantuvo la presencia de las Fuerzas Armadas en la Araucanía para enfrentar la violencia terrorista escondida tras la causa mapuche, pese a asegurar en campaña que no el estado de excepción que lo posible. Los parlamentarios del FA han votado sucesivamente en contra de estas prórrogas.
También insta al Congreso a legislar el año pasado para que las Fuerzas Armadas colaboren en el control de las fronteras en el problemático ingreso de inmigrantes, qu’ha déembocado en crisis de seguridad dans la zona norte. Las cifras indican que la actuación de los militares, en sólo tres meses, ha reducido en un 55% el ingreso ilegal, pero en esto AD también fue reacio a legislar.
Sin embargo, la detección del crimen organizado en Chile, a flagelo reciente, ha impuesto un desafío mayor a Boric. Delitos como sicariato, adjus de cuentas entre narcos, extorsión a comerciantes y secuestros (in 2022, registraron 574 casos), tienen en alerta a la Fiscalía. El Congreso ha legisladodamente una serie de normas qu’establecen isos tipos penales y mayores facultades para la Policía y las Fuerzas Armadas acelera.
Chile no olvida que el mandatario, pesa asumir como prioridad la seguridad ciudadana, indultó a multas de 2022 a doce presos de la revuelta, muchos de ellos delincuentes comunes, y también a un exterrorista. Por ello, levantan nuevas exigencias, como la renuncia del subsecretario de Prevención del Delito.
Esta semana, ante nuevos enfrentamientos armados con delincuentes, donde varios carabineros resultaron heridos, el Gobierno agilizó una intervención que se implementará en 30 comunidades más violentas del país, muchas en Santiago.
Boric, afectado por los crímenes, no sólo promulgó una serie de leyes que dan más poder a las policías, sino que anunció 1.500 millones de dólares adicionales para fortalecer sus actuaciones. Al reunir a todos los partidos políticos en La Moneda (sólo los Republicanos no acudieron), solicitaron una “tregua”, pues la seguridad pública no puede ser “una política de trincheras”.
