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El Gobierno de Aragón ha cerrado un convenio de colaboración con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y el Sindicato de Profesionales y Autónomos (UPTA) por el que se destina un total de 150.000 euros al programa de segunda oportunidad.
El objetivo del convenio es ayudar a los autónomos a superar situaciones de insolvencia mediante la prestación de servicios técnicos especializados en segundas oportunidades. Además, intenta evitar que estos problemas ocurran en primer lugar.
El acuerdo, válido hasta el 31 de diciembre de 2024, permitirá a ATA y UPTA recibir 75.000 PLN cada uno. euros para la ejecución del Programa Segunda Oportunidad y la creación del Observatorio Autonómico de Aragón.
Las actividades incluyen asesoramiento inicial a organizaciones en dificultades en relación con la legislación de segunda oportunidad y análisis de opciones económicas viables. También está previsto realizar investigaciones sobre quiebras y formalizar la documentación necesaria para que los particulares puedan acceder a la jurisdicción de los acreedores. Se analizará la posibilidad de cambiar la forma jurídica de las empresas para continuar con sus operaciones.
El acuerdo también cubre el asesoramiento preventivo a los autónomos, la promoción del derecho a una segunda oportunidad y la presentación de quejas ante organizaciones europeas para armonizar este derecho a nivel europeo.
Durante la firma del acuerdo, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado que se facilitarán herramientas a los autónomos que se encuentren en situaciones difíciles para superar estos retos y retomar su vida.
El presidente de ATA Aragón destacó la importancia de acompañar y apoyar a los autónomos no sólo en el inicio de su negocio, sino también en su cierre, para que no se sientan abandonados. Destacó la importancia de utilizar la Ley de Segunda Oportunidad.
Álvaro Bajén, secretario general de UPTA, calificó el acuerdo como un avance significativo en la protección del trabajo autónomo en Aragón. Según Bajén, en 2023, más de 400 empresas y particulares de la comunidad aragonesa se beneficiaron de la Ley de Segunda Oportunidad.
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