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Los miembros del Comité de Seguridad y Drogas han propuesto reformas legales destinadas a castigar penalmente a las personas que intentan introducir dispositivos de comunicación en las instalaciones penitenciarias.
Esta iniciativa tiene como objetivo combatir la actividad delictiva en las prisiones mediante la imposición de cargos penales a las personas que introducen ilegalmente equipos de comunicaciones.
Según datos de la Dirección de Adaptación Social, entre octubre y diciembre de 2023, la Policía Penitenciaria incautó 784 teléfonos móviles y 563 chips internacionales de varios países, entre ellos: Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Colombia y Estados Unidos.
Las nuevas normas propuestas tienen como objetivo impedir la introducción ilegal en las cárceles de teléfonos móviles, teléfonos satelitales y otros dispositivos tecnológicos para la comunicación con el mundo exterior, así como tarjetas SIM, enrutadores, adaptadores de red, cargadores y cables.
La modificación del Código Penal establece que los culpables de introducir ilegalmente dispositivos de comunicación en los centros penitenciarios se enfrentarán a una pena de dos a cuatro años de prisión si no cuentan con la autorización legal correspondiente.
Tratándose de funcionarios públicos, proveedores de servicios o productos, abogados en ejercicio u otras personas con permiso especial de ingreso, la comisión de este delito se considerará grave.
La pena establecida se aumentará en un tercio si se descubre que alguien ha introducido dichos dispositivos electrónicos en las celdas de centros penitenciarios cerrados o si su autor es un funcionario público.
Esta medida fue creada en respuesta a la sentencia de la Sala Constitucional del 20 de junio de 2001, que señaló que en casos de carácter represivo se debe garantizar la intervención del legislador y la demarcación de los derechos de los ciudadanos, especificando así acciones específicas para ser tomado.
Respecto a la facultad de los legisladores para dictar normas penales, la Sala Constitucional mencionó que corresponde a la Asamblea Constituyente determinar qué conductas deben ser consideradas delitos y sancionadas como tales, ya que determinar las obligaciones jurídicas que deben incluirse en la legislación penal. Es una decisión política, que corresponde al legislador.
Se requiere la unanimidad de los legisladores actuales para que el proyecto de ley sea adoptado. Además, al tratarse de una iniciativa que requiere consulta con el Tribunal Supremo, hay que tener en cuenta que en caso de oposición de esta institución será necesario obtener la plena aceptación de los votos emitidos.
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