La igualdad formal por sí sola no asegura que las mujeres logren ejercer sus derechos en toda su dimensión, y resulta clave fortalecer su autonomía económica y su presencia en los espacios de decisión para reducir de manera efectiva la brecha de género.
En el contexto del Día Internacional de la Mujer 2026, la ONG CODESPA subraya que, aunque el reconocimiento de los derechos legales es esencial, por sí solo no garantiza una igualdad efectiva. Con el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, esta fecha visibiliza la brecha persistente entre la igualdad establecida en las leyes y la que realmente viven las mujeres en su día a día.
Los datos globales muestran que la brecha sigue siendo considerable. Según el informe Women, Business and the Law 2024 del Banco Mundial, las mujeres poseen apenas el 64 % de los derechos legales que tienen los hombres. Por otra parte, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que casi seis de cada diez mujeres trabajan en la economía informal, lo que implica ausencia de protección social y garantías laborales básicas. Estas cifras reflejan que la igualdad jurídica, aunque esencial, no se traduce automáticamente en equidad efectiva.
La independencia económica como vía de empoderamiento
CODESPA subraya que la autonomía económica constituye un factor decisivo para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos. El acceso a ingresos propios les permite participar en las decisiones de su hogar y su comunidad, además de reducir la dependencia estructural que muchas enfrentan. “La justicia para las mujeres no solo se escribe en las leyes; se construye cuando una mujer puede generar ingresos estables y participar en decisiones que afectan su entorno”, explican desde la organización.
Durante más de cuarenta años, CODESPA ha implementado programas en 34 países de América Latina, África y Asia, orientados a fortalecer la independencia económica femenina. Estas iniciativas combinan formación técnica y empresarial adaptada a cada contexto, acceso a financiación o activos productivos, acompañamiento continuo en el terreno, trabajo con líderes comunitarios y promoción de la participación femenina en espacios de decisión.
Un elemento clave en estas estrategias consiste en impulsar y consolidar asociaciones de mujeres, espacios donde pueden distribuir riesgos, transmitir saberes y fortalecer su poder de negociación dentro de la comunidad. La meta va más allá de elevar sus ingresos y se orienta a expandir la autonomía de las mujeres sobre su economía, su tiempo y su vida social.
Transformaciones tangibles en comunidades vulnerables
La experiencia en terreno evidencia que disponer de recursos y opciones de formación puede transformar profundamente la vida de las mujeres y de sus comunidades. En el Corredor Seco de Guatemala, una zona marcada por la inseguridad alimentaria y los efectos del cambio climático, María Elisa tomó parte en un proyecto productivo impulsado por CODESPA. Al principio intervenía muy poco en las reuniones, pero después de recibir capacitación técnica y de integrarse durante tres años en espacios de gestión colectiva, su participación se afianzó. Con los ingresos obtenidos y la experiencia acumulada, hoy integra el comité de desarrollo local, donde contribuye activamente a las decisiones que afectan a su comunidad.
En el altiplano boliviano, en Pacajes, Lizeth y Estela Tantacalle poseían saberes artesanales transmitidos por sus familias, aunque no tenían cómo llegar a los mercados. Mediante capacitación empresarial y acompañamiento, consiguieron profesionalizar sus creaciones, ampliar la variedad de diseños y comercializar por medios digitales. La marca que administran actualmente obtiene ingresos constantes, ha sumado a otras mujeres de la comunidad y ha ayudado a disminuir la migración hacia las ciudades. Este ejemplo evidencia que la autonomía económica refuerza la intervención femenina en las decisiones familiares y comunitarias, más allá del aspecto financiero.
Los ejemplos evidencian un patrón consistente: cuando las mujeres logran ingresos propios y regulares, se fortalece su influencia en decisiones fundamentales. Su implicación en asociaciones, el acceso a información financiera y la interacción directa con clientes y proveedores amplían su presencia en ámbitos como la educación, las inversiones productivas y la dinámica comunitaria. CODESPA destaca que el empoderamiento económico constituye uno de los medios más efectivos para disminuir la dependencia estructural.
Hacia una igualdad real más allá del 8 de marzo
A pesar de los avances legales, ningún país ha cerrado por completo las brechas de género, según los principales organismos internacionales. Sin embargo, el debate público suele centrarse en reformas normativas y políticas de igualdad formal. Para CODESPA, esta discusión necesita ampliarse: no basta con reconocer derechos en la ley, sino que es necesario promover políticas e inversiones que permitan a las mujeres generar ingresos propios y participar activamente en la toma de decisiones.
La organización subraya que la igualdad ante la ley solo cobra sentido cuando se respalda con estrategias constantes de inclusión económica, de modo que los derechos formales puedan convertirse en avances reales y perdurables para mujeres y niñas, mitigando desigualdades arraigadas y fortaleciendo el progreso social y económico dentro de sus comunidades.
La consolidación de la autonomía económica, sumada a la capacitación, la generación de ingresos y la implicación en la toma de decisiones, se convierte en un elemento esencial para convertir la igualdad jurídica en una igualdad plenamente efectiva. El Día Internacional de la Mujer recuerda que la defensa de los derechos de las mujeres exige medidas constantes y tangibles que trasciendan lo meramente legal.
Las experiencias de Guatemala, Bolivia y otros países donde CODESPA ha trabajado demuestran que los cambios son posibles cuando las mujeres cuentan con recursos, apoyo y espacios de decisión. La combinación de derechos legales, autonomía económica y participación activa marca la diferencia entre la igualdad teórica y la igualdad vivida en la práctica.
A medida que se desarrollan políticas y programas, el desafío consiste en garantizar que la igualdad legal se traduzca en oportunidades reales, asegurando que todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y participar de manera efectiva en la vida económica y social de sus comunidades.
